Reflexión sobre la Calidad Democrática en el Perú
La declaración de duelo nacional por tres días tras la muerte de Alberto Fujimori, fundamentada en el Decreto Supremo N.° 096-2005-RE, ha generado una justificada indignación en el Perú. ¿Cómo puede un país que aspira a consolidarse como una democracia respetuosa de los derechos humanos rendir honores oficiales a un expresidente condenado por crímenes de lesa humanidad? La decisión no solo es insensible, sino que contradice abiertamente los principios constitucionales y las obligaciones internacionales del Perú.
Una Norma Desfasada e Indefendible
El Decreto Supremo N.° 096-2005-RE establece el duelo nacional para expresidentes sin considerar sus antecedentes judiciales. Esta aplicación mecánica de la norma ignora principios básicos de justicia y dignidad, violando los artículos 1° y 44° de la Constitución, que consagran la defensa de la persona humana y el respeto de los derechos fundamentales. Declarar duelo por un expresidente condenado por asesinatos y secuestros no es solo un acto ceremonial, es una negación simbólica de la justicia y una afrenta directa a las víctimas.
Un Estado que Olvida a las Víctimas
Declarar duelo nacional por Fujimori es un golpe a la memoria de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, casos emblemáticos de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante su gobierno. Es esencial recordar que el indulto humanitario otorgado a no eliminó su condena. Honrarlo oficialmente es una señal alarmante de que el Estado peruano prioriza las formalidades protocolarias sobre la dignificación de quienes sufrieron atrocidades bajo su mandato.
A lo largo de los años, las autoridades han fallado en garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso para las víctimas y sus familiares, dejando sin reparar adecuadamente los daños y perjuicios derivados de las pérdidas humanas. Esta falta de acción es un incumplimiento flagrante del deber del Estado de proporcionar una reparación integral y justa, prolongando el sufrimiento de los afectados y mostrando una grave negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de justicia y derechos humanos.
Lecciones de la Historia: España Como Ejemplo
España, al enfrentar su pasado autoritario, adoptó leyes como la Ley de Memoria Democrática para eliminar honores a figuras de la dictadura y reconocer a las víctimas. Este modelo demuestra un compromiso real con la memoria histórica y la justicia, algo que el Perú necesita urgentemente emular. La historia no puede ser escrita desde el olvido ni las instituciones deben servir para glorificar a quienes atentaron contra los valores democráticos.
Implicaciones Peligrosas para la Democracia
La calidad de la democracia peruana se mide también por sus actos simbólicos. Declarar duelo por un expresidente condenado envía un mensaje de tolerancia a la impunidad y erosiona la confianza en las instituciones. Además, sienta un precedente peligroso: ¿Qué dice de un Estado que honra a los perpetradores de crímenes mientras las víctimas siguen esperando justicia? Esto no solo mancha la imagen del Perú a nivel internacional, sino que también debilita los cimientos mismos del Estado de derecho.
Urgencia de Reformas Legales
El Perú debe reformar el Decreto Supremo N.° 096-2005-RE para asegurar que nunca más se rindan honores a figuras condenadas por crímenes graves. Esta no es una cuestión de mera corrección legal; es un paso esencial para alinear las acciones del Estado con sus compromisos de proteger y respetar los derechos humanos. Además, se requiere implementar políticas de memoria histórica y educación en derechos humanos que reflejen un verdadero compromiso con el “nunca más”.
Conclusión
La declaración de duelo nacional por Alberto Fujimori es un lamentable recordatorio de cuánto camino queda por recorrer en la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos en el Perú. Es hora de que el Estado asuma una postura firme y coherente, eliminando honores a quienes han violado gravemente los derechos fundamentales y priorizando la memoria y la dignificación de las víctimas. No es solo una cuestión de principios, es una exigencia de justicia y respeto a la dignidad humana.
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